INNOVACIÓN SINDICAL denunció hace unos días, con motivo del inicio del curso escolar en los centros educativos de la provincia de Jaén, que a las trabajadoras no se les estaban dotando de ropa de trabajo para poder realizar sus labores
28/11/2025
A través del sindicato incluso se denunció a la empresa EULEN SA por la ausencia de la ropa de trabajo y porque, aunque resulte insólito en un sector feminizado, el corte de la ropa que se había dado en otros años era de hombre con la connotación sexista que tiene, además de la incomodidad de la misma.
A fecha de hoy, como consecuencia de la actuación de INNOVACIÓN SINDICAL se va entregando lo denunciado aunque de forma escalonada, lo cual no es dar cumplimiento a la obligación que dicta el convenio.
Estamos observando y así nos trasladan las trabajadoras, que en la actualidad, en las dos empresas concesionarias del servicio de limpieza de los institutos públicos de la provincia de Jaén, EULEN SA e ISS FACILITY SERVICES SA, sigue habiendo trabajadoras que no han recibido su ropa y calzado, o no la han recibido completa, o hay problemas con el tallaje.
No quedan ahí los incumplimientos, hay muchos centros educativos que no disponen de los carros en los que las trabajadoras transportan los productos de limpieza lo cual implica mayor penosidad al tener que trasladar todo el instrumental a pulso, y dar peor servicio porque se invierte más tiempo en preparar el material para desarrollar la limpieza.
Y, más grave aún, las limpiadoras siguen denunciando que faltan productos de limpieza y que se están viendo obligadas a hacer limpiezas poco adecuadas en lugares tan sensibles como los centros educativos ante la carencia de productos.
INNOVACIÓN SINDICAL denuncia que las empresas concesionarias del servicio perciben dinero de toda la ciudadanía andaluza para dotar reglamentariamente y con dignidad a las trabajadoras, y garantizar la limpieza impecable de todas las dependencias de los centros educativos, por lo que además de las diferentes actuaciones en la Inspección de Trabajo, nos remitimos a la propia administración para que fiscalice el cumplimiento que las empresas hacen del desarrollo de un servicio porque el que la administración paga más de 7 millones de euros.